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Los servicios jurídicos del departamento de Industria del Gobierno Vasco continúan estudiando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -TSJPV- que anula ... la licencia ambiental que concedió la propia administración a la empresa Valogreene para instalar en Bergara una planta de tratamiento de residuos de empresas fabricantes de papel y generar desde ellos productos calcáreos. Sin haber concluido aún el análisis del documento judicial, adelantado en exclusiva por DV, desde Industria apuntaban este jueves a este periódico que «estamos valorando recurrir la sentencia en casación».
El argumento de mayor peso que esgrimen desde el Gobierno Vasco para defender un futuro recurso es el precedente de Pasaia y la planta de producción de energía eléctrica de 2011. Recuerdan que «en anteriores sentencias» vienen a decir lo contrario, que la existencia de un informe de compatibilidad urbanística negativo «no menoscaba que el órgano ambiental pudiera aprobar la Autorización Ambiental Integrada -AAI-». El fallo de Pasaia, según apuntan desde el departamento de Industria que lidera Mikel Jauregi, sirvió «como base» para la tramitación del citado expediente de Bergara.
En el ayuntamiento de Bergara, en cambio, las sensaciones son de satisfacción al haber salido victoriosos de este litigio judicial. El alcalde de la localidad del Alto Deba, Gorka Artola, se mostró este jueves satisfecho y calificó el fallo como «muy positivo». El primer edil aseguró que «la Justicia nos ha dado la razón por defender la salud y el interés general de la ciudadanía». El consistorio de Bergara argumentó por vía judicial que «el plan de Valogreene no se ajustaba al planeamiento municipal y que el proyecto que se quiso disfrazar de actividad industrial era, en realidad, una actividad de incineración de residuos».
Además de la sentencia favorable al ayuntamiento de Bergara, el TSJPV también ha dado la razón a Ekologistak Martxan tras haber presentado estos últimos otro recurso contencioso administrativo. Fuentes cercanas al caso apuntan que, además de estos dos fallos, hay dos recursos más «interpuestos por particulares» pendientes de resolverse contra el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental y Autorización Ambiental Integrada por parte de Amaia Barredo, Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental, en 2022.
Artola, alcalde de Bergara, recordaba este jueves que «desde el primer momento denunciamos que los cambios establecidos en el proyecto no habían sido suficientemente estudiados». En la autorización aprobada por el Gobierno Vasco «se aceptaron varias excepciones sin justificación, generando un riesgo potencial para la salud de los ciudadanos y el medio ambiente», recalcó.
Este proyecto, censuró este jueves el regidor de EH Bildu, «ha causado un daño irreparable en el polígono industrial de Larramendi. El pueblo ha perdido opotunidades y tiempo, esto se podría haber gestionado de otra manera... Sin tener que llegar a los tribunales».
La resolución termina por rematar un proyecto que estaba cerca de hundirse. Tal y como anunció este periódico la semana pasada, tras cuatro años de procedimiento judicial y trabas administrativas locales, el Gobierno Vasco da por hecha la renuncia de Valogreene a seguir adelante con este proyecto, en el que no se ha avanzado nada.
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