Donostia es declarada zona tensionada con el compromiso de 1.300 nuevas VPO de alquiler

El acto de presentación de la declaración de zona tensionada ha tenido lugar este miércoles en el salón de plenos del Ayuntamiento donostiarra, con la presencia del consejero de Vivienda, Denis Itxaso, y el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, quienes han escenificado el compromiso compartido entre instituciones para dar una respuesta estructural a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

En su intervención, Itxaso ha subrayado que «vamos a desplegar todo el potencial de las zonas tensionadas, desde la colaboración interinstitucional hasta la protección de las personas inquilinas, mientras trabajamos para recrecer la oferta de vivienda, sin olvidar las garantías necesarias para las personas propietarias». Ha indicado que «San Sebastián es seguramente uno de los municipios vascos donde más se deja notar el enorme tensionamiento que provocan la escasez y carestía de la oferta, frente a la gran demanda insatisfecha». Por eso, en palabras del consejero, «era importante cerrar acuerdos con el Ayuntamiento para que nos cedieran suelos, con los que poder construir vivienda y alojamientos dotacionales. Estamos hablando a corto y medio plazo de más de 1.350 viviendas y alojamientos que el Gobierno Vasco asume construir en Ciudad Jardín (100 viviendas), Riberas de Loiola (83 alojamientos), Txomin Enea (400 viviendas), Morlans (160-180 alojamientos), Playa de Vías (500 viviendas) y Campos Elíseos - Martutene (98 alojamientos)».

A preguntas de las periodistas, Itxaso ha explicado que «todas las viviendas que promueva el Gobierno Vasco serán VPO de alquiler o alojamientos dotacionales para jóvenes y mayores que tienen un carácter rotatorio», que son los dos supuestos en los que se aglutinan esas 1.300 viviendas previstas. Ha recordado también que «la ley vasca de Vivienda nos mandata a que toda la VPO que promovamos sea de alquiler». Por su parte, en relación las promociones que afronte el Ayuntamiento donostiarra, el alcalde ha apuntado que «nosotros hacemos todo tipo de tipologías de vivienda, porque para ceder terrenos al Gobierno Vasco de forma gratuita es necesario que haya viviendas libres, tasadas y VPO en venta y en alquiler que cubran los gastos de urbanización». En este punto, Itxaso ha añadido que «es deseable que en los nuevos barrios que se formen haya esos usos mixtos y también una mixticidad de rentas».

Para el consejero, «estos desarrollos anunciados son solo el aperitivo de un compromiso político de enorme calado por parte del Departamento de Vivienda con el principal problema de los donostiarras». Para el desarrollo de algunas de las operaciones de «mayor impacto», como la de los terrenos de la cárcel de Martutene o la playa de vías de Easo, Itxaso ha explicado que «hemos buscado alianzas con el Ministerio de Vivienda y también con el Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco». A más largo plazo, el acuerdo con el Ayuntamiento «permitirá desarrollar conjuntamente operaciones de mayor calado como la prevista en los cuarteles de Loiola y, sobre todo, Auditz Akular, donde quiero mostrar el total compromiso y determinación del Departamento de Vivienda para colaborar con el Ayuntamiento».

Itxaso ha reivindicado que «las cosas están cambiando, estamos abriendo una nueva etapa marcada por un nivel de ambición mayor, pero también por la mejora del entendimiento entre administraciones». Ha reconocido que «Donostia-San Sebastián es, hoy por hoy, la capital vasca donde mayor esfuerzo económico deben realizar las familias para acceder a una vivienda y, por eso, desde este Departamento estamos dirigiendo una parte muy significativa de nuestro esfuerzo presupuestario en vivienda protegida hacia esta ciudad, con un nivel de inversión sin precedentes».

Por su parte, Eneko Goia ha subrayado que «la declaración de zona tensionada nos permitirá como municipio disponer un instrumento más para hacer frente al problema de la vivienda, que es uno de los que más preocupa a los donostiarras». A este respecto, Goia ha destacado que «esperamos que esta medida nos ayude a estabilizar los precios del mercado de alquiler en la ciudad» y ha señalado que, «además, es imprescindible que activemos otras como la puesta en marcha de nuevas promociones de vivienda pública de distinta tipología, que permitan dar una respuesta amplia al número de personas solicitantes que viven en la ciudad».

El alcalde ha recordado también que «el Ayuntamiento es el consistorio que más esfuerzo financiero viene realizando desde hace años para la generación de nueva vivienda pública, con una deuda destinada a la construcción de la misma que ronda los 150 millones de euros. Además, el Ayuntamiento es propietario de más de 2.000 elementos alquilables en distintos puntos de la ciudad y trabaja en la actualidad para ampliar el parque de vivienda pública».

Goia ha asegurado que «Donostia está implicada en la lucha contra el problema», pero ha defendido que «hay que dar un paso más». En este sentido, ha recordado que «en la actualidad en la ciudad se encuentran en fase de construcción alrededor de 1.200 nuevas viviendas en distintos ámbitos, como Ciudad Jardin, Añorga o el Infierno, y que los nuevos planeamientos que en breve serán aprobados permitirán llegar a las 1.500 viviendas en fase de construcción a final de año, sin olvidar temas importantes como el acuerdo alcanzado para la compraventa de los cuarteles de Loiola, que permitirá la construcción de entre 1.500 y 1.700 nuevas viviendas».

Además, ha destacado la buena sintonía existente con el Gobierno Vasco, tras desbloquear junto con el Gobierno central «el futuro desarrollo de Txomin Enea II, una vez la cárcel de Martutene cierre sus puertas, así como para trabajar en un convenio que permita al Ayuntamiento ceder terrenos de titularidad municipal al Gobierno Vasco destinados a la construcción de vivienda».

La solicitud que el Ayuntamiento donostiarra presentó a Vivienda para ser declarada zona tensionada iba acompañada de una detallada radiografía elaborada por la entidad pública municipal Donostiako Etxegintza. En ella se señala que el precio medio de la vivienda en la capital guipuzcoana ha alcanzado los 5.370 €/m², uno de los más altos de todo el Estado, mientras que en el ámbito del alquiler, los contratos firmados en 2023 han registrado una media de 1.037 euros mensuales, cifra que representa un crecimiento del 13,6% en apenas cinco años. De hecho, se ha constatado que la carga del alquiler más los gastos básicos supera el 30% de la renta disponible, alcanzando el 31,6%. Este indicador ha sido clave para la declaración oficial como zona tensionada.

A esta presión de precios se suma una oferta residencial limitada y envejecida. La ciudad cuenta con un parque de cerca de 95.000 viviendas, con una antigüedad media de 53 años, donde el 20% carece de ascensor, porcentaje que aumenta hasta el 31% en zonas como Intxaurrondo. Además, 2.109 viviendas permanecen vacías (2,2% del parque), de las cuales 1.481 son consideradas por la estadística como gestionables. Además, hay contabilizadas 1.395 viviendas destinadas al uso turístico (1,4% sobre el total), concentradas especialmente en el Centro y en Gros.