El PP vasco exige conocer al detalle las ramificaciones vascas del caso Ábalos y Cerdán

Los populares vascos buscan conocer de esta manera la adjudicación de contratos de obra pública después de que el extenso informe de la Unidad Central Operativa también haya revelado, tal y como avanzó este periódico, que Koldo se registró en Gipuzkoa como autónomo y creó una de las sociedades que la UCO vincula a la trama. De hecho, el exasesor del entonces ministro de Transportes fundó en Donostia junto al empresario de Elgoibar Antxon Alonso una cooperativa que los investigadores de la Guardia Civil relacionan con el supuesto reparto de comisiones de los contratos de obras públicas adjudicados.

Por todo ello, desde el PP vasco están registrando estos días las diferentes solicitudes «para tratar de conocer si la supuesta trama Koldo-Ábalos-Cerdán y sus supuestas acciones corruptas (chantaje y mordidas) se dieron también en el País Vasco», informan desde el partido.

A través de un comunicado, el parlamentario popular en la Cámara vasca Santiago López apunta que en el informe elaborado por la UCO se recoge «la presunta implicación de un gran número de empresas que supuestamente habrían sido beneficiadas por adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones ilegales». «Se habla del empresario vasco Joseba Antxon Alonso Egurrola, de las sociedades por él participadas, así como de las posibles adjudicaciones irregulares a empresas vinculadas a la trama Koldo y en especial a la empresa Acciona», señala López.

«Más aún -continúa el parlamentario del PP- el informe recoge declaraciones de los investigados en las que se menciona que 'el tema de don Antxon entró por varias empresas del País Vasco', lo que apunta a una posible implicación de sociedades vascas en el esquema de favores, comisiones y adjudicaciones bajo sospecha».

Por ello, y con el fin de despejar cualquier «sospecha», desde el PP vasco consideran «urgente y necesario» esclarecer «si el Gobierno Vasco ha suscrito contratos con empresas implicadas en la investigación y si dichos contratos han sido objeto de requerimientos o investigaciones por parte de los tribunales, la UCO o cualquier otro cuerpo de seguridad».

López considera en este sentido que «dado el posible alcance de esta red societaria y la gravedad de las sospechas conocidas es fundamental conocer si ha existido contratación por parte del Gobierno Vasco, ya sea mediante contratos menores o procedimientos ordinarios, con alguna de estas entidades, así como el detalle de dichas relaciones contractuales, de existir».

«Esta información resulta imprescindible -insiste López- para conocer si la trama tuvo algún alcance o incidencia directa en Euskadi, tanto a través de contratos públicos adjudicados por el Gobierno Vasco o sus entidades instrumentales a las citadas empresas, como su participación en proyectos en el territorio».